Se ha producido cierta alarma, alentada por los medios de comunicación, con motivo de los ataques por perros a pesonas. Sin entrar ahora en lo justificado de esta alarma (ya que la proporción perros peligros / personas peligrosas reduce prácticamente a cero la peligrosidad social de los perros), es los cierto que la CAM, haciéndose eco de esta alarma, ha promulgado un decreto, con el que intenta erradicar este "peligro" que atribuye a ciertas razas de perros.
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En la legislación
anterior de 1990 y 1991, se estrablecía de manera general
que los perros deben circular por las vías urbanas sujetos
con correa (lo que bien pensado, es una medida que beneficia al
perro, ya que evita extravíos y le protege de accidentes);
que deben ser censados, y que los perros "peligrosos"
deben ir provisto de bozal. Pero como no había (ni puede
haber) una definición legal de "peligrosos", era
ésta una apreciación dejada al dueño, bajo
su responsabilidad.
La legislación que ahora
nos ocupa, de un tratamiento especial a determinadas razas de perros
a los que denomina de "guarda y defensa", basándose
unas veces en el temperamento nervioso del mismo, otras veces en
la frecuencia con la que indebidamente adiestrados, y otras veces
en criterios subjetivos |
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 1º de febrero de 1999, los propietarios de perros de razas de guarda y defensa deberán suscribir un seguro que cubra, hasta al menos veinte millones de pesetas, la responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudiere ocasionar el animal.
La suscripción de este seguro será
requisito indispensable para la inscripción del animal en el Registro
de Identificación de Animales de Compañía. La tenencia
de estos animales en las viviendas urbanas, está sujeta a los mismos
requisitos que establecía la anterior ley de 1990, pero añadiendo
que se garantice la seguridad.
Se remite el Decreto a la Ley de 1º de febrero de 1990, puntualizando que la administración local o autonómica podrá acordar la retirada o incautación del animal como consecuencia de un procedimiento sancionador, pudiendo acordar la esterilización o sacrificio del animal despues de valorar su peligrosidad.
Se faculta a las Consejerías de Economía y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y ejecución de este decreto y, para en su caso, actualizar la lista de los perros así afectados.